Una inteligencia artificial (IA) más barata debería llevar a personas y empresas a usarla más. Para atender esa demanda, los proveedores de cómputo necesitan construir infraestructura antes de saber cuánto contratarán sus clientes y a qué precio. Ahí está el riesgo de burbuja: que los ingresos no basten para recuperar la inversión y devolver la deuda. La semana pasada, por ejemplo, los inversores vendieron bonos emitidos para financiar centros de datos, entre ellos los de CoreWeave.
Los gobiernos no pueden saber si todas estas inversiones serán rentables. Sí pueden fijar condiciones al autorizar nuevos centros y contratar servicios de IA. Las empresas necesitan equipamiento, electricidad y permisos para poner los centros en marcha. Los reguladores y las autoridades urbanísticas pueden fijar condiciones sobre tarifas eléctricas y licencias de obra: quién paga las ampliaciones de la red y qué compromisos asumen los promotores con los municipios. Por su parte, los gobiernos que compran sistemas de IA pueden negociar el derecho a comprobar que los proveedores cumplen lo pactado.
Estos cinco gráficos del State of AI Report de este año ayudan a entender los riesgos financieros de esta expansión, los obstáculos para llevarla a cabo y el margen de negociación de los gobiernos.
1. Que los precios se desplomen no garantiza los ingresos
Epoch calcula que, desde 2023, el coste mínimo de lograr un mismo nivel de rendimiento con IA ha caído alrededor de un 47 % por trimestre. El cálculo se basa en cinco pruebas de evaluación estándar.
Una IA más barata permite a las empresas usarla en tareas que antes salían demasiado caras. Pero los modelos más eficientes también necesitan menos cómputo para hacer el mismo trabajo. Quienes construyen centros de datos apuestan por que los nuevos usos compensen ese ahorro y generen suficiente demanda para recuperar la inversión. Nadie sabe todavía si les saldrán las cuentas.
2. Los gigantes de la nube tienen que adelantar el dinero
Pese a esa incertidumbre, Amazon, Alphabet, Microsoft y Meta prevén invertir en activos un total de unos 733.000 millones de dólares en 2026.
El dinero sale mucho antes de que empiece a entrar. En su carta a los accionistas, Andy Jassy, de Amazon, explica que la empresa suele pagar el terreno, la electricidad, los edificios y el equipamiento entre seis y 24 meses antes de empezar a facturar a los clientes por esa capacidad. Incluso con clientes comprometidos, la empresa tiene que adelantar la inversión.
3. La potencia contratada todavía no está toda disponible
La conexión a la red eléctrica es uno de los requisitos para poner en marcha un centro de datos. Una instalación no puede ofrecer capacidad de cómputo hasta que el edificio, la conexión de alta tensión y los chips estén listos en el mismo lugar y al mismo tiempo.
CoreWeave, por ejemplo, comunicó que en ese trimestre tenía 1,5 GW de potencia operativa y 3,7 GW contratados, y la cifra contratada aumentó después hasta los 4,2 GW que muestra el gráfico. Parte de la potencia contratada corresponde a instalaciones aún en desarrollo. Por eso, la diferencia entre ambas cifras no demuestra por sí sola que las obras vayan con retraso.
El fabricante de chips TSMC también quiere comprobar que esa infraestructura estará lista. La semana pasada explicó a los inversores que estaba enviando equipos a Estados Unidos para comprobar las obras de los centros de datos y el suministro eléctrico para planificar su propia capacidad de producción. Las primeras comprobaciones, según la empresa, eran positivas. TSMC seguía confiando en la demanda de IA.
4. Un centro de datos en tu país no te da el control de la IA
Al comprar cómputo, los gobiernos necesitan saber qué control obtienen a cambio. Mantener los datos públicos sensibles dentro del país es una de las promesas de la «IA soberana». Pero que el centro esté en el país no garantiza el control sobre su tecnología.
Un centro de datos puede estar en el país y depender de tecnología extranjera. El informe recoge proyectos que utilizan chips de NVIDIA y servidores de empresas como HPE. Cuando los chips avanzados requieren licencias de exportación estadounidenses, tener el dinero y el terreno no basta: el gobierno puede seguir necesitando el permiso de Washington para conseguir el equipamiento.
Al contratar estos servicios, los gobiernos pueden exigir garantías frente a esas dependencias. El contrato debe aclarar quién puede acceder a los datos sensibles, quién gestiona los sistemas en el día a día y qué sucede si un proveedor extranjero se retira.
5. La oposición local ya está retrasando proyectos
Los vecinos conviven con una gran instalación que consume mucha electricidad para atender a clientes que están en otra parte. Según cómo se refrigere, también puede consumir mucha agua. En una encuesta de Gallup de marzo de 2026, el 71 % de los adultos estadounidenses dijo que se opondría a un centro de datos de IA en su zona, frente al 53 % que se opondría a una central nuclear.
Los promotores prometen crecimiento económico y empleo durante la construcción, mientras que los vecinos se preocupan por el ruido, el consumo de agua y la subida de la factura eléctrica. Esa resistencia local ya está frenando la expansión: Data Center Watch contabilizó al menos 45 proyectos en Estados Unidos, con una inversión prevista de casi 68.000 millones de dólares, bloqueados o retrasados por la oposición local en el segundo trimestre de 2026.
Se pueden querer los beneficios de la IA y negarse a pagar las ampliaciones de red que necesita una tecnológica. Hasta el consejero delegado de CoreWeave ha dicho que los promotores deberían costear las ampliaciones de la red que necesitan para que el coste no recaiga en los hogares.
Ohio ya ha aprobado obligaciones concretas para los promotores. Su regulador eléctrico aprobó una tarifa eléctrica específica para los nuevos grandes centros de datos que reciben suministro de AEP Ohio. Los promotores deben pagar por una parte importante de la potencia contratada aunque finalmente utilicen menos. Las condiciones de AEP también les obligan a reembolsar todo el coste de las obras de conexión si cancelan el proyecto o lo retrasan más de doce meses antes de la fecha prevista de conexión. El objetivo es evitar que los hogares tengan que pagar inversiones en la red que queden sin uso, aunque varias asociaciones del sector de los centros de datos recurrieron la decisión.
La semana pasada, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, pidió intervenir ante el regulador eléctrico para defender que los grandes centros de datos paguen las ampliaciones de red que necesitan, en lugar de trasladar ese coste al resto de los consumidores.
Los permisos municipales pueden recoger compromisos concretos sobre empleo y consumo de agua, con mecanismos para comprobar su cumplimiento y consecuencias si la empresa incumple. Los contratos públicos de cómputo deben garantizar el acceso al servicio, permitir comprobar que funciona como se ha pactado y facilitar el cambio de proveedor.
Todo esto se negocia antes de conceder permisos o firmar contratos, incluido quién pagará si la demanda acaba siendo menor de lo previsto.