En Davos, a principios de año, Mark Carney lanzó a las potencias medias al estrellato. El primer ministro canadiense describió así lo que ocurre cuando negocian por separado con una potencia hegemónica: “Competimos entre nosotros por ser los más complacientes”. Su propuesta era coordinar inversiones y acordar normas comunes. En IA, Canadá ya trabajaba con otras democracias para evitar tener que elegir entre potencias hegemónicas y grandes tecnológicas.
Esta semana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió cooperar en IA con Canadá, Reino Unido y otros países:
“Queremos colaborar en la evaluación de modelos, la verificación, la alerta temprana, la seguridad de la IA y mucho más”.
Ursula von der Leyen, discurso sobre el estado de la Unión, 16 de septiembre de 2026
Al día siguiente, Carney propuso compartir capacidad de cómputo entre Canadá y Europa. Canadá y Alemania preparan, además, una Alianza por la Soberanía Tecnológica. Sus copresidentes se reunieron el 16 de septiembre y prevén ponerla en marcha con los miembros fundadores en los próximos meses. Aún no han concretado la financiación ni los compromisos de compra conjunta.
Los países que dependen de la IA extranjera tienen razones para asociarse: evaluar riesgos cuesta dinero y negociar juntos puede darles mejores condiciones de acceso. Lo difícil empieza cuando quieren cambiar las decisiones de sus proveedores.
En Hoy por Hoy defendí que Europa aún puede influir en el rumbo de la IA, hoy en manos de muy pocos, y participar con peso propio más allá de regular desde la distancia.
Lucía Velasco sobre la cooperación entre potencias medias en IA, en Hoy por Hoy, el programa matinal de la Cadena SER. 14 de septiembre de 2026; fragmento: 12:04–13:22.
Lo que las potencias medias han reclamado antes
La idea de una potencia media se remonta a la Italia del siglo XVI: Estados entre los grandes y los pequeños, con fuerza suficiente para valerse por sí mismos. Siglos después, diplomáticos canadienses y australianos recurrieron al concepto para defender su papel en el orden de posguerra.
Durante la creación de las Naciones Unidas, Canadá y Australia reclamaron más peso en las decisiones por su contribución a la seguridad internacional. En 1945, lograron que esa contribución contase al elegir a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. El criterio quedó recogido en el artículo 23 de la Carta, junto con la representación geográfica. Las grandes potencias conservaron sus privilegios.
Mientras reclamaban más representación, discrepaban sobre las sanciones. Canadá quería que las decisiones del Consejo obligasen inicialmente solo a sus miembros y a los países que aceptasen ejecutarlas. Australia defendía que obligasen a todos los Estados miembros: la incertidumbre sobre su aplicación podía alentar a un agresor.
Una coalición de compra de IA podría afrontar el mismo problema si un socio quisiera adquirir un modelo rechazado por los demás. Coincidir en el riesgo no significa aceptar que la decisión sea vinculante para todos.
En este artículo, “potencias medias” se refiere a países con recursos e instituciones para participar en la IA, pero que dependen de sistemas avanzados extranjeros: Canadá, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Singapur, Francia, Alemania o Países Bajos. Algunos también desarrollan modelos propios con buenas prestaciones.
¿Influencia sobre qué decisiones?
Los equipos de investigación pueden detectar riesgos y crear estándares que las empresas adopten. Un país con proveedores esenciales para fabricar chips tiene otra baza para negociar. Y vender en varios mercados puede compensar a una empresa por aceptar condiciones comunes. Cada recurso permite influir en decisiones distintas.
Los organismos públicos de IA de Japón, Corea del Sur, Singapur, Reino Unido y Canadá ya comparten métodos de evaluación a través de una red internacional en la que también participa Estados Unidos. Un ejercicio conjunto publicado en enero permitió perfeccionar pruebas sobre filtraciones de información, fraude y amenazas a la ciberseguridad.
Los gobiernos pueden apoyarse en esas pruebas para decidir qué comprar. El marco de contratación pública de IA distingue las prestaciones del sistema, la influencia del comprador sobre su desarrollo y uso, y las garantías de acceso. Los socios no tienen por qué valorarlas igual: uno puede aceptar un modelo menos capaz si tiene más garantías de seguir usándolo; otro querrá el que mejor funcione.
Fuente: Public procurement and AI governance: Developing a strategic framework for middle powers, RAND Europe, 2026, figura 2, p. 25.
Los gobiernos podrían comprar por separado y exigir las mismas evaluaciones independientes y la comunicación de fallos. También podrían compartir el coste de comprobar que las empresas cumplen. Pero los contratos públicos aún pesan poco en el negocio de los grandes desarrolladores: una empresa puede preferir perder clientes antes que aceptar sus condiciones. Tampoco puede garantizar el acceso si el gobierno del país donde tiene su sede le ordena cortar el servicio.
Un proveedor podría romper esa coordinación con una buena oferta a uno de los socios. Rechazarla saldría especialmente caro a quienes tengan peores alternativas. Cambiar de empresa tampoco asegura dejar atrás la misma infraestructura en la nube. Incluso una compra conjunta puede aumentar la dependencia si solo los grandes proveedores pueden costear los requisitos exigidos.
Los países que albergan grandes centros de datos podrían exigir que se notificasen los entrenamientos de modelos a gran escala o condicionar el acceso a la computación a auditorías de seguridad. Es una forma de supervisar la IA a través de su infraestructura. Los países que suministran equipos esenciales para fabricar chips también podrían ayudar a negociar esas condiciones. Su fuerza disminuiría si las empresas pudieran trasladar el trabajo a otro lugar. Además, la supervisión podría exponer datos sensibles o dar demasiado poder a los proveedores de la nube.
Una posición más escéptica sostiene que intentar imponer restricciones a las empresas estadounidenses o chinas daría pocos resultados. A las potencias medias les convendría más proteger a su población frente a los usos maliciosos de la IA y preparar su economía para los cambios que esta pueda provocar.
Una empresa puede vender a un gobierno una versión con más protección frente a los ciberataques y lanzar otra con menos restricciones en el extranjero. Ese gobierno habrá protegido mejor sus servicios públicos, pero seguirá expuesto a ataques facilitados por el mismo modelo.
Los gobiernos pueden reforzar sus defensas sin esperar a que una empresa cambie de rumbo. Parte de esa defensa puede depender del acceso a la IA avanzada extranjera, que sería más difícil de asegurar si los países que la desarrollan restringiesen su venta por motivos militares.
Las decisiones pendientes de Europa
En su informe de 2024, Mario Draghi describió esfuerzos duplicados, financiación fragmentada y políticas mal coordinadas. Pidió financiar más proyectos en común, simplificar las normas y acelerar las decisiones. También planteó que los países dispuestos a avanzar pudieran hacerlo sin esperar a todos.
Con el respaldo de la Comisión Europea, Francia y Alemania anunciaron en noviembre de 2025 una iniciativa para desarrollar IA de frontera, los modelos más avanzados. La ambición era crear la entidad sin ánimo de lucro mejor financiada del mundo en ese ámbito. Debía constituirse en el primer semestre de 2026. En julio, aún estaban definiendo las estructuras que la gestionarían.
La UE ya tiene normas para los modelos extranjeros vendidos en Europa e instituciones encargadas de aplicarlas. Financiar modelos propios obliga a decidir, además, qué desarrollar aquí, qué obtener de los socios y cuánto dinero público comprometer.
De la posición de Europa ante una IA liderada por Estados Unidos y China hablé también con El País en este vídeo, publicado el 15 de septiembre.
El riesgo de dependencia fue una de las preocupaciones del informe sobre Europa y la geopolítica de la inteligencia artificial general (AGI; no es mi término favorito) del que fui coautora el año pasado. Esos sistemas podrían acelerar la investigación y la producción, pero también dar ventaja militar y capacidad de presión a los países que los controlasen. No sabemos cuándo llegará la IA a ese punto, ni si lo hará. Entre las opciones que examinamos figuraban la investigación y la computación compartidas con Canadá, Japón y Corea del Sur.
La propuesta independiente Transformative AI Strategy for Europe estima el coste de competir con las grandes empresas de IA: unos 800.000 millones de euros en tres años para un proyecto europeo, en un escenario de avances rápidos. La estimación oscila entre 445.000 millones y 1,04 billones. Solo los chips y los centros de datos absorberían unos 529.000 millones de la cifra central. La mayor parte del dinero tendría que ser público.
Por eso, la estrategia prioriza el acceso fiable a la IA extranjera. Propone una alianza en la cadena de suministro entre, al menos, Países Bajos, Alemania y Francia, abierta a socios de confianza de fuera de la UE. Su objetivo es resistir las presiones políticas sobre ese acceso, no dictar cómo desarrollan IA las empresas extranjeras. Un país con un proveedor clave de chips tendría capacidad de negociación, pero usarla podría perjudicar a su empresa y provocar represalias. Los socios tendrían que acordar cómo compartir esos costes.
También habría espacio para una empresa europea con financiación y respaldo político sostenidos. Un proyecto propio sin fondos serviría de poco si, mientras tanto, se hubiera descuidado el acceso a los sistemas extranjeros.
Un gobierno que ha financiado una empresa tendrá también motivos para protegerla. En unas simulaciones de crisis con responsables públicos de Francia, Alemania y Países Bajos, un modelo ficticio con respaldo público facilitaba ciberataques. Los participantes se encontraron ante una decisión incómoda: restringirlo suponía actuar contra la empresa que su propio gobierno había apoyado, con dinero y planes industriales en juego.
Distintas formas de cooperar
La cooperación tampoco exige que todos los países asuman los mismos compromisos. Puede organizarse en grupos pequeños, formados para resolver un problema concreto. Es lo que se conoce como minilateralismo: reunir a los países necesarios para conseguir resultados y dejar la puerta abierta a otros.
Schengen comenzó con cinco países en 1985; diez años después, siete habían suprimido los controles en sus fronteras comunes. En el proceso de Ottawa, Canadá, Noruega, Austria y Sudáfrica ayudaron a organizar una coalición más amplia junto a activistas y organizaciones internacionales. De ella surgió el tratado de 1997 que prohíbe las minas antipersona, firmado inicialmente por 122 países.
Las diferencias de intereses llevarán a los países a sumarse a unas coaliciones y quedarse al margen de otras. Compartir capacidad de cómputo o asegurar el suministro de chips puede requerir la participación de otros socios. Para supervisar grandes entrenamientos harían falta los países que albergan los centros de datos; para condicionar la venta de equipos, los exportadores.
La cumbre de IA de Ginebra de 2027 ofrecerá un espacio para esta conversación. Está por ver hasta dónde coinciden los intereses de las potencias medias y qué están dispuestas a asumir para actuar juntas.